Así lo han puesto de manifiesto también las distintas personas expertas del ámbito político que han participado en el XV Conversatorio de FCM, bajo el título ‘Hacia una nueva regulación de la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales en España", que ha tenido lugar este lunes, 31 de enero.

 

En el debate, que ha sido dinamizado por el director de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, han participado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Laura Berja Vega; la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez; la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Sara Giménez; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Sepúlveda García de la Torre; la activista feminista de la Plataforma 7N contra las violencias machistas, Lidia Fernández Montes; y Tasia Aranguez Sánchez como miembro del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres.

 

Laura Berja, ha abordado en su intervención la importancia de tener una legislación sobre libertad sexual. “Se trata de una ley `obligatoria´ que constituye un hito legislativo en el avance de los derechos de todas las mujeres”. Además, ha pedido la colaboración de todos los grupos parlamentarios para cumplir con el convenio de Estambul y poner fin a esta grave vulneración de los derechos humanos. “Esta ley servirá para dirigir los esfuerzos en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta ley es parte del camino” ha concluido.

 

En este sentido, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha sintetizado las cuestiones fundamentales que debería recoger esta ley para las mujeres y niñas con discapacidad: la inclusión de la esterilización no consentida, indemnidad sexual, acceso a la justicia y accesibilidad. Entre las aportaciones, destaca la necesidad de incluir en el proyecto de ley el reconocimiento de la esterilización forzada como una forma de violencia sexual en la misma línea que la mutilación genital femenina. 

 

Asimismo, ha insistido en el derecho de pleno acceso a la justicia a las mujeres que quieran denunciar y la necesidad de que la ley recoja el concepto de “indemnidad sexual” es decir, el bien jurídico protegido que toda persona tiene a que la formación de su sexualidad no se vea interferida de ninguna manera sobre todo en los menores y en las mujeres que tienen su capacidad jurídica modificada” ha puntualizado.

 

Además, ha analizado las dificultades que puede aparecer en el camino para conseguirlo y pide a todos los grupos parlamentarios realizar un abordaje integral y la implicación de todos los ministerios en esta materia.

 

En el mismo sentido, Sara Giménez, ha aclarado que el posicionamiento político de Ciudadanos sobre este proyecto de ley tiene como prioridad de cambio incluir la esterilización forzosa como forma de violencia sexual para mejorar la ley. “Desde la perspectiva de la igualdad de género y teniendo en cuenta el convenio de Estambul hay sensibilidad de la mayor parte de los grupos parlamentarios en materia de esterilización forzosa” ha anunciado esperanzada. 

 

Por su parte, Pilar Sepúlveda García de la Torre, ha coincido con el resto de las ponentes en que se debería recoger el proyecto de ley la indemnidad sexual para garantizar una protección adecuada de determinados grupos sociales desfavorecidos, entre ellos el de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

En consonancia con la reciente reforma de nuestro Código Civil, Sepúlveda, ha analizado la manera en la que debería tenerse en cuenta el apoyo para la toma de decisiones de los grupos más desfavorecidos de mujeres, los niños y las niñas y las personas con discapacidad. “Coincido con CERMI Mujeres en que la esterilización forzosa debe ser incluida en la ley y, añadiría, el tema de la prostitución” ha finalizado.

 

A este respecto, Lidia Fernández, ha valorado la labor que hace la Plataforma 7N y las organizaciones feministas que forman parte de ella en relación con este proyecto de ley. “Esta la ley es necesaria, pero no es suficiente. Creemos que la ley debe tener mandados competencias y recursos más claros” ha declarado. Y ha continuado: “Desde nuestra plataforma, reclamamos una política integral contra la violencia sexual”. Asimismo, ha comentado los avances en esta materia y aquellas cuestiones que “deberán resolverse durante la tramitación parlamentaria”.

 

Por su parte, Tasia Aranguez, como experta feminista, ha profundizado en los avances del proyecto de ley y los puntos que se deben solucionar. Entre ellos, ha revindicado la inclusión del término indemnidad sexual en el proyecto de ley con todo lo que ello conlleva y la importancia de incluir en esta ley “pasos hacia el abolicionismo de la prostitución”.

También, ha examinado el papel de la salud mental en la atención y el abordaje de las víctimas de violencias sexuales.